El país de los niños perdidos

Bebés robados

Maider EIZMENDI I

Hace dos meses Flor y Cristina Díaz hacían un llamamiento desde las páginas de GAUR8 a las personas que sospechan que sus bebés les han sido arrebatados. Les animaban a contar su historia, su vivencia y a denunciar.

Desde entonces, el goteo de nuevos casos ha sido una constante y la actividad de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), incesante. El pasado 27 de enero pusieron encima de la mesa de la Fiscalía General del Estado 261 denuncias. La delegación de Anadir en la CAV trasladó cerca de una decena de casos, pero los registrados en las tres provincias rondan ya los 130. Cada día, la cifra va aumentando.

Tal y como afirma Flor Díaz, la mayoría de los casos que tienen entre manos se concentra en los años 60 y 70, aunque también van acumulando «bastantes» registrados en los años 80. Asegura que muchas personas que se ponen en contacto con ella «ya se sienten afectadas, porque hay madres que siempre han sospechado que la versión que les ofrecieron en el hospital no es verdadera».

La delegación tiene un protocolo establecido para registrar nuevas demandas: «Me cuentan la historia, les explico qué tipo de documentos han de pedir y, una vez los han conseguido y se ven las irregularidades, los contabilizamos».

En la reunión mantenida recientemente con la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, la delegación pidió a la Administración que, además, preste ayuda sicológica a los afectados, «porque el proceso está siendo realmente duro y sangrante para muchas personas». No obstante, considera que la labor de las administraciones debería ir más allá y que deben exigir «una investigación más intensa» sobre las causas de mortalidad de neonatos en los años 60, 70 y 80. «Hay cementerios aquí -advierte- en los que en un solo día se enterraban cuatro fetos y a los dos días se repetía la operación enterrando supuestamente a otros tres».

¿A quién le corresponde indagar? A este respecto, afirma que son los mismos afectados los que «están realizando una tarea de investigación que no les corresponde; no, al menos, exclusivamente».

Se muestra esperanzada con que finalmente se consiga «destapar todo esto», aunque teme que la justicia «no llegue hasta el final». Al hilo de ello, esta misma semana el fiscal jefe del TSJPV, Juan Calparsoro, ha afirmado en los medios que «cualquier denuncia que tenga mínimos indicios o sospechas se investigará» y que, «si hubiera culpables», éstos serán juzgados.

Mientras tanto, comenta Díaz, los afectados deben seguir haciendo públicas sus historias y exigiendo que se cree un banco de ADN que les ayude a propiciar más reencuentros, «porque desgraciadamente no se están produciendo tantos encuentros como los que desearíamos».

Al trabajo colectivo que realiza como de- legada de la CAV, a Flor se le suma la labor personal que, junto a su hermana Cristina, realiza en busca de su hermano. Fue hace cuatro años, tras la muerte de su madre, cuando comenzaron a tener sus primeras sospechas, como relataban a GAUR8 en un reportaje publicado el 17 de diciembre. «Mi madre dio a luz a nuestro hermano en Cádiz el 5 de noviembre de 1967; para entonces nosotras vivíamos en Irun pero, como mi padre pasaba mucho tiempo fuera de casa, optó por desplazarse allí junto a su familia para dar a luz», contaban. Según la versión que les ofrecieron los médicos, el niño falleció tras el parto. Incrédula quizás, su abuela insistió una y otra vez en que quería ver el cadáver del pequeño, con el que, incluso, se fotografió. Aquella pequeña foto es ahora una de las pruebas que tienen entre manos. «Aquel mismo cadáver, con un tamaño desmesurado para corresponderse con un bebé de un día, fue mostrado también a otras mujeres», destacaban mientras nos mostraban la desgastada instantánea. Todos los certificados y documentos que han obtenido están repletos de incongruencias y el hospital en el que nació su hermano se niega a darles el legajo de aborto. Todo ello no hace más que reforzar sus sospechas de que en el nicho en el que durante años han depositado flores no se hallaban los restos de su hermano.

En un arduo trabajo de investigación se encuentran inmersos también Juan Bautista Aranzabe y Maite Sánchez. El 16 de agosto de 1973 ella dio a luz en la clínica San Cosme y San Damián de Tolosa. El bebé nació en el séptimo mes de gestación y, por ello, aunque «no presentaba ningún problema médico» les ordenaron que lo llevasen a la Residencia Sanitaria Virgen de Aranzazu de Donostia, hoy Hospital Donostia. «Yo mismo fui en un taxi a llevarlo. Lo trasladaron a las incubadoras y, como mi esposa seguía ingresada en Tolosa, regresé junto a ella». Al día siguiente volvió a Donostia y fue entonces cuando le informaron de que el bebé había fallecido y le instaron a que acudiese a la funeraria para hacer los trámites y pagar la factura. «En ningún momento me enseñaron el bebé y yo realmente tampoco lo exigí porque en aquellos momentos nuestro otro hijo de tres años se encontraba enfermo de leucemia y, tras este desenlace, lo único que deseaba era regresar junto a ella», recuerda Juan, al tiempo que Maite comenta: «Yo siempre le he reprochado eso, por qué no pidió ver al bebé, pero las circunstancias eran las que eran».

La sospecha les ha acompañado durante todo este tiempo y, por ello, hace más de una década la pareja acudió al cementerio de Polloe. «Nos dijeron que sí había sido enterrado un bebé con esa identidad pero que, debido a las obras, los restos ya no se encontraban allí. Lo que no entendemos es por qué no nos avisaron en su día». En los documentos que han conseguido reunir hay datos que crean más confusión, como el referente al día del nacimiento: «Afirman que vivió sólo 14 horas, que nació el 17 de agosto a primera hora de la tarde y que falleció también el 17 de agosto; no coincide».

No pueden afirmar con contundencia que su hijo les fue robado, pero los datos de los que disponen tampoco les dejan pasar página. «Nosotros tenemos que saber qué es lo que pasó realmente y lucharemos hasta conseguirlo, porque el único consuelo que tenemos ahora es saber que estamos haciendo todo lo posible», asegura la pareja, que no descarta acudir a los juzgados en breve. Por el momento, ambos animan a las personas que hayan sido adoptadas y que tengan alguna sospecha a que indaguen en su pasado, porque «ésa es la única forma de que los encontremos y les expliquemos qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos dijeron...».

La mayoría de estas personas ha vivido pensando que sus familiares habían fallecido. Y tan difícil como sobrellevar la muerte de sus seres queridos les resulta ahora aceptar que les fueron arrebatados. El goteo de nuevos datos, nuevas historias estremecedoras... hace que revivan lo sucedido pero, al mismo tiempo, esto les aporta valor para exponer a la opinión pública su propia historia, la injusticia sufrida.

«Me gustaría conocer qué tipo de vida ha tenido, si le ha ido bien... Mi objetivo no es destrozarle la vida, pero no puedo reprimir las ganas de contarle lo que pasó, de decirle que nosotros no lo abandonamos», así se explica Isabel Cabezas, que dio a luz a su hijo el 15 de noviembre de 1958 en su casa. Como nació dos semanas antes, les aconsejaron que lo llevasen al hospital de Cruces y, posteriormente, a la clínica «Pro Cardíacos». Al parecer, el bebé falleció allí y así se lo notificaron dos días más tarde.

Isabel, junto a su hija Palmi Fernández, busca ahora esclarecer lo que ocurrió. «Hay irregularidades flagrantes como que en el certificado de defunción no conste el nombre y el número colegial del facultativo», subraya Palmi. Como en la mayoría de estos casos, la sospecha siempre ha existido, y ésta no hizo más que reforzarse cuando les notificaron por carta que el joven «debía incorporarse el servicio militar». Para Isabel constituyó «una prueba más de que está vivo». M. E.

Prefiere preservar su identidad y que le llamemos Iñaki. Nació un día de julio de 1971 en Bilbo y allí vivió hasta cumplir los diez años. Desde que tuvo conciencia ha sabido que fue adoptado pero la búsqueda de sus orígenes le ha puesto cara a cara con una realidad difícil de asimilar: su adopción se tramitó de una manera irregular. «Acudí al registro de Bilbo en busca de mi partida de nacimiento y me aseguraron que no constaba; luego me dijeron que la inscripción era irregular, porque fueron mis padres de adopción quienes la registraron». En un procedimiento correcto, el médico está obligado a recoger los datos de la madre biológica y registrar al bebé con ellos, aunque posteriormente se dé en adopción, como explica el propio afectado.

Iñaki acudió a su madre para exigirle alguna explicación. Fue ella quien le habló de la organización María Madre y Mercedes Herrán de Grass. «La búsqueda en Internet me presentó una realidad brutal, tuve conocimiento de muchísimos casos parecidos». Tal y como relata, la citada organización acogía en pisos a jóvenes de familias adineradas embarazadas para «solventar de la mejor manera su embarazo». «El problema -añade- es que muchas de las jóvenes que estaban allí no daban a sus hijos en adopción voluntariamente y que, cuando exigían que les devolvieran sus bebés, ya habían sido dados a otras personas».

Es decir, las adopciones se planeaban con antelación y se distinguían según la clase social de las madres biológicas y los padres de adopción. «Es una idea fascista, pero las gestantes se dividían en pisos según su nivel social y su nivel económico», aclara. La motivación económica era, por tanto, el detonante de estos casos. «Al principio eran las familias de las jóvenes embarazadas las que pagaban a la organización; con el tiempo, la situación dio un giro y, ante la creciente demanda de personas que querían adoptar, se multiplicaron los robos de bebés», cuenta.

Conocer todos estos datos supuso a Iñaki un tremendo desconcierto: «Te ves obligado a poner en cuestión a tus padres, aquellos que hasta el momento han sido totalmente incuestionables... Yo tuve largas conversaciones con mi madre y con mi padre para entender qué habían hecho y con qué intención». Con el tiempo ha llegado a convencerse de que sus padres adoptivos «no actuaron a sabiendas de lo que estaban haciendo; la trama era tal que incluso se lucraban de las ansias que tenían algunas personas de tener descendencia».

Ahora, Iñaki insiste en recordar el derecho de los hijos adoptivos a tener conocimiento de sus orígenes. «Es un derecho reconocido que no se le puede negar a nadie, y en este caso se está haciendo». M. E.